INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN: ¿NUEVA ESTRATEGIA PARA ELIMINAR EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL?

Luis Fernando Molina O[1].

El retorno del Estado Ecuatoriano al régimen democrático en 1978, luego de un proceso de inestabilidad política, caracterizado por períodos dictatoriales, implicó el establecimiento de un Estado Social de Derecho apuntó a un fortalecimiento de su institucionalidad a través de mecanismos jurídicos que garanticen el respeto a la Constitución y la ley, que permitieran una intendencia entre las funciones del Estado y un Sistema de Justicia alejado de la injerencia política.

La realidad institucional del Estado Ecuatoriano en la década de los noventa del siglo pasado, bajo estos mecanismos de designación, trajo como consecuencia una administración de Justicia dirigida por partidos políticos, organismos de control y electorados cooptados por partidos políticos hegemónicos; es decir, un sistema institucional debilitado y sujeto a componendas políticas temporales. De ahí que en el año 2004 el levantamiento de los “forajidos”[2] propugnó la necesidad de un nuevo pacto político que reestructure la institucionalidad del Estado y que fortalezca las instituciones democráticas para hacerlas más participativas y ciudadanas, alejadas de los viejos acuerdos políticos.

Es así como en el año 2008 en la Constitución de Montecristi se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como parte estructural de la Función de Transparencia y Control Social, con el objetivo de generar mecanismos de designación de autoridades de control sustentados en el principio de la meritocracia y la transparencia.

Sin embargo, en el año 2107 el Presidente de la República Lenín Moreno Garcés, presentó una reforma constitucional a través de Referéndum para cesar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (en adelante CPCCS) de forma anticipada, designar a un Consejo Transitorio, mismo encargado de llevar “procesos de evaluación” a las autoridades designadas por concurso, cesarlas en sus funciones, nombrar autoridades transitorias de ternas remitidas por el Ejecutivo y elegidas por la Función Legislativa, para finalmente  designar a autoridades definitivas con reglamentos y resoluciones que contravienen expresas disposiciones constitucionales.  En referencia al mecanismo de designación de los miembros del Consejo en la Consulta se sustituyó el mecanismo de concurso de méritos y oposición por el de elección popular. 

Todas estas reformas se llevaron a consulta popular sin  el control previo de constitucionalidad que establece la norma suprema, asumiendo un silencio administrativo, bajo la figura de dictamen ficto para que el Presidente de la República pueda viabilizar la reforma; posteriormente, una vez aprobadas las reformas constitucionales hasta la presente fecha no se ha realizado un control posterior por parte de la Corte Constitucional para su aplicación.

En las últimas semanas diversos sectores políticos del país han posicionado en la opinión pública la idea de un voto nulo en la elección de los miembros del Consejo, el próximo 24 de marzo, lo curioso es que son los mismos sectores que se mostraron a favor de las reformas constitucionales sin control previo ni posterior, bajo cuestionamientos a los candidatos, llegando al extremo de plantear la supresión de esta institución sin reforma constitucional sino tan sólo con el triunfo del voto nulo en las próximas elecciones.

Por si esto fuera poco, miembros del  actual Consejo Nacional Electoral a menos dos semanas de que se efectúe el proceso de elección han manifestado la intención de que el máximo organismo electoral interprete lo que se debe entender por voto nulo; es decir, modificar las disposiciones de la materia vigente para la determinación del resultado, situación imposible jurídicamente toda vez que estas reformas o interpretaciones deben realizarse un año antes de que se aperture este proceso.

En las últimas horas, a través de redes sociales, se hizo pública la demanda de inconstitucionalidad por omisión presentada por el abogado Juan Carlos Benalcázar en relación a la elección popular de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a efectuarse el próximo 24 de marzo.

Por lo antes mencionado es necesario realizar un análisis desde el punto de vista constitucional  a la demanda de inconstitucionalidad por omisión con la finalidad de aportar al debate jurídico y ciudadano, pero sobretodo para evidenciar los riesgos institucionales y las trasgresiones  constitucionales que una acción como esta tendría para el proceso electoral y para el Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN DE LA REVOCATORIA DE MANDATO COMO ANTECEDENTE CONSTITUCIONAL

A primera vista, parecería ser un recurso constitucional novedoso que se propone a dos semanas de que se efectúe el proceso electoral que elegirá a los nuevos miembros del CPCCS; sin embargo, lo cierto es que, más allá del metalenguaje jurídico utilizado, este mecanismo ha sido utilizado por diversos sectores políticos, desde la vigencia de la Constitución del 2008, cada vez que los resultados les son adversos o pretenden modificar las reglas electorales y de los derechos de participación.

Me refiero en este sentido, porque en el año 2011, cuando la última constitución aprobada tenía tres años de vigencia, determinados sectores sociales iniciaron de forma reiterada procesos de Revocatoria de Mandato contra autoridades seccionales (prefectos, alcaldes, concejales, etc.) por incumplimiento de sus planes de trabajo, en algunos casos quebrantando los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley para el ejercicio pleno de este mecanismo de democracia directa.

La solución a la negativa por parte del organismo electoral por no cumplimiento de requisitos fue la demanda de Inconstitucionalidad por Omisión, bajo el argumento de que la Asamblea Nacional del Ecuador no había regulado, de forma exhaustiva, el procedimiento para la Revocatoria del Mandato.

Frente a la activación de la demanda, la Corte Constitucional del Ecuador, desarrolló estándares mínimos que deben ser observados para ejercer esta acción constitucional fundamentada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Así la Corte Constitucional en Sentencia No. 001-1L-SIO-CC determinó que:

“(…) se debe diferencia (SIC)  entre la obligación jurídica de legislar y la obligación de legislar cuando existe un deber claro y concreto constitucionalmente ordenado, existiendo en el segundo caso la obligación de desarrollar los preceptos constitucionales para su vigencia. En ese sentido, el mismo texto constitucional debe señalar de manera expresa la “obligación normativa de hacer”, así como “la institución que debe dar cumplimiento a ese mandato” y el respectivo “plazo para el desarrollo del mandato (…)”

En el mismo sentido Gerardo Monroy Cabra en referencia a la Acción de Inconstitucionalidad por Omisión manifiesta que:

“El propósito de la inconstitucionalidad por omisión es lograr que la voluntad del constituyente se cumpla plenamente. La inconstitucionalidad por omisión observa los siguientes elementos:

a) El mandato constitucional del deber de actuar del legislador;

b) El deber de actuar del legislador debe ser concreto y no abstracto; y,

c) La omisión no debe ser razonable teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido para el cumplimiento del deber constitucional. (…)”[3]

En este contexto podemos afirmar que para el ejercicio de la demanda de inconstitucionalidad por omisión deben cumplirse los siguientes presupuestos: i) debe existir un mandato constitucional de actuar para el legislador ii) El mandato de actuación para el legislador debe ser claro, concreto y no abstracto iii) debe establecerse de forma concreta el plazo para el cumplimiento del mandato.

En referencia a los presupuestos que deben existir para que la Asamblea Nacional incurra en omisión constitucional, la sentencia antes mencionada reza que:

“La atribución de la Asamblea Nacional de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, no se limita por el vencimiento de los plazos por la norma constitucional transitoria; por el contrario, el poder del legislador de aprobar las leyes es una atribución específica, propia de su esencia que permanece vigente, pues lo fundamental es que la expedición de leyes responda a un profundo análisis legislativo y una importante participación ciudadana”[4].

Es decir, que el incumplimiento de los plazos establecidos, en una disposición constitucional, por parte del órgano legislativo no agota la capacidad de legislación, sino que lo fundamental (en los casos de omisión constitucional) es que se de cumplimiento a lo dispuesto en la norma suprema. De ahí que la primera acción que puede determinar la Corte es el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la pericia constitucional. De ningún modo una demanda de inconstitucionalidad por omisión podría dar como consecuencia la eliminación de una institución del Estado.

INCONSTITCIONALIDAD POR OMISIÓN EN LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

Una vez superado el análisis de los presupuestos desarrollados por la Corte Constitucional del Ecuador para la inconstitucionalidad por omisión es preciso analizar la demanda presentada para el caso de la elección popular de los miembros del CPCCS, misma que se fundamenta en dos aspectos: a) La Resolución del Consejo Nacional Electoral que aperturó  el proceso de elección popular de los candidatos al CPCCS y b) Por la omisión de la Asamblea Nacional del Ecuador al no iniciar el correspondiente tratamiento de un proyecto de reforma parcial (no se especifica a que norma jurídica) que permita tornar viable un Referendum donde la ciudadanía se pronuncie a favor o en contra de la existencia el Consejo y si dicho ente debe seguir ejerciendo su potestad nominadora.

Ahora bien, para determinar la procedencia o no de una acción de inconstitucionalidad por omisión es preciso retroceder al contenido mismo de la pregunta sometida a Referendum constitucional a fin de determinar cuál fue el comprendido de los anexos y si en ellos se encuentra establecida una obligación clara y concreta para la función legislativa que debía ser cumplida en un plazo expresamente determinado, en los términos desarrollados por la Corte Constitucional.

Así, el anexo de la pregunta 3 (referente al nuevo mecanismo de designación de los miembros del CPCCS) mencionó:

A efectos de dar cumplimiento con el mandato popular, se dispone:

1. Terminación anticipada de periodo: Se dan por terminados los periodos constitucionales de los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes cesarán en sus funciones el día en que se instale el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que llevará a cabo la transición conforme a este anexo.

 2. Enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador

 “Agréguese un inciso tercero al artículo 112 de la Constitución que disponga: “Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas no podrán postular candidatas o candidatos a las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.”. Sustitúyase el inciso primero del artículo 205 de la Constitución por el siguiente texto: “Los representantes de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Ejercerán sus funciones durante un periodo de cinco años, a excepción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuyo mandato será de cuatro años. En caso de ser enjuiciados políticamente, y de procederse a su destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación, salvo para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo caso se principalizará el correspondiente suplente hasta la finalización de ese periodo. En ningún caso la Función Legislativa podrá designar al reemplazo.”

. Sustitúyase el inciso tercero del artículo 207 de la Constitución por el siguiente texto: “Las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. El régimen de sus elecciones estará contemplado en ley orgánica que regule su organización y funcionamiento.”. Agréguese un cuarto inciso al artículo 207 de la Constitución que disponga: “Las consejeras y consejeros deberán ser ciudadanas y ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. Las consejeras y consejeros no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años,”.

 3. Régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Se dan por terminados anticipadamente los periodos de las consejeras y consejeros del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hasta la instalación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conforme al sistema establecido en la Constitución enmendada, se establece un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá transitoriamente todas las facultades, deberes y atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y estará conformado por siete miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Presidente de la República. En caso de que la Asamblea Nacional no procediera al nombramiento de las consejeras y consejeros propuestos en el plazo de veinte días contados desde la fecha de presentación de las ternas, asumirán los cargos aquéllos que ocupen el primer lugar en el orden de prelación de las mismas. El Consejo en transición tendrá por misión el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana, y de prevención y combate a la corrupción para lo cual propondrá a los órganos competentes las reformas necesarias. El Consejo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, en el plazo máximo de seis meses desde su instalación, pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos, y si lo hiciere procederá inmediatamente a la convocatoria de los respectivos procesos de selección. Para el efecto, expedirá una normativa que regule el proceso de evaluación garantizando el debido proceso, con audiencia a las autoridades evaluadas e incluyendo los mecanismos de impugnación y participación ciudadana necesarios. Del mismo modo, garantizará la mejora, objetividad, imparcialidad y transparencia de los mecanismos de selección de las autoridades cuya designación sea de su competencia. Los miembros del Consejo estarán sometidos a juicio político y tendrán fuero de Corte Nacional. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en transición ejercerá sus funciones de forma improrrogable hasta que se instale el nuevo Consejo tras su elección, que será coincidente con los próximos comicios para designar a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Quedarán sin efecto los concursos públicos de oposición y méritos que esté llevando a cabo el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de autoridades que sean de su competencia, desde la promulgación de los resultados oficiales del referéndum. Las consejeras y consejeros cesados en sus funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como, los integrantes del Consejo en transición, no podrán postularse como candidatos para la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El Presidente de la República enviará un proyecto de ley que reforme la ley que regula la organización y funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para adecuarla a las enmiendas constitucionales, en el plazo de treinta días. La Asamblea Nacional, sin dilaciones, tramitará y aprobará el proyecto en el plazo de sesenta días.”[5]

De lo citado se desprende que el anexo de la pregunta No. 3 en referencia al CPCCS, estableció la obligación al Presidente de la República para que remita un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que desarrolle la organización y funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; es decir, que se actualice el marco normativo para su buen desempeño administrativo.

Sin embargo, hay que hacer una precisión, la iniciativa legislativa corresponde al Presidente de la República, es el ejecutivo quien debía presentar el proyecto de ley, con un contenido determinado en el propio anexo y sólo al recibirlo el órgano legislativo debía tramitarlo.

El contenido de la demanda de inconstitucionalidad  por omisión en su numeral 1 respecto de la identificación de las omisiones demandadas determina:

“Así mismo esta demanda se dirige contra la omisión de la Asamblea Nacional del Ecuador al no iniciar el correspondiente tratamiento de un proyecto de reforma parcial (no se especifica a que norma jurídica) que permita tornar viable un Referendum donde la ciudadanía debe o no seguir existiendo o si existiendo debe reiterar la potestad nominadora, vulnerando con esta inacción los artículos 61, número 4 y 442 de la Constitución, mucho más cuando existen encuestadoras cuyos sondeos ciudadanos de opinión certifican y ratifican la necesidad ciudadana de querer pronunciarse en Referendum sobre tales aspectos y no sobre los integrantes de dicho Consejo[6] (el subrayado me pertenece)

Es evidente que el fundamento de la omisión constitucional por parte de la Función Legislativa no es concordante con lo establecido en el anexo de la pregunta No. 3 aprobada en febrero de 2018, pues ni en el contenido de la pregunta ni en los anexos se estableció la necesidad de llevar a cabo un nuevo proceso de referéndum para decidir la existencia o no del CPPCS y mucho menos el reiterar o no su potestad nominadora sobre los organismos de control y de los que, en sus competencias, se encuentra designar.

En este mismo sentido, la propia solicitud presentada justifica este nuevo referéndum en percepciones actuales, sustentadas en sondeos de opinión, sobre la continuidad o eliminación del CPCCS.

En este contexto, la Asamblea Nacional del Ecuador el 23 de Marzo de 2019 aprobó la correspondiente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, donde determinó los requisitos que debían cumplir los candidatos al Consejo, el mecanismo de designación de los mismos a través de la elección popular, la incorporación del principio de paridad de género para su conformación; es decir, adaptó la norma legal a las disposiciones contenidas en la consulta popular; evidentemente, esta reforma no modificó la potestad nominadora del Consejo por se una atribución proveniente de la Constitución que no fue modificada en el referéndum así como tampoco la existencia o no de este organismo por la misma razón.

Es preciso enfatizar en el hecho de que con la aprobación de la pregunta No.3 en relación al CPCCS lo que se aprobó es la modificación de la forma de designación de sus miembros, sustituir el concurso de méritos y oposición por el mecanismo de democracia directa a través de la elección popular de sus integrantes. La reforma legal lo que debe es mejorar los procesos relacionados con el buen funcionamiento administrativo de este organismo de participación ciudadana y control social.

Al ser posteriores, los “sondeos de opinión” que fundamentan la omisión constitucional, lo que corresponde es verificar cuáles de los mecanismos de reforma constitucional son aplicables al caso en concreto y quienes tienen la iniciativa de activar este mecanismo para llevar a cabo un nuevo proceso constituyente  el que determine la continuidad o no del Consejo por ser un hecho ex post.

Podemos concluir entonces, que existe una incongruencia entre los hechos que sustentan la omisión constitucional y la expedición de la reforma a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, pues de los mismos hechos se desprende que el mandante en el referéndum no se pronunció sobre la supresión del Consejo y mucho menos sobre la eliminación de su potestad nominadora, por lo tanto no existe tal omisión constitucional, sino la intención de realizar una reforma a la norma suprema a través de un control abstracto de la constitucionalidad.

INCOMPATIBILIDAD DE OMISIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA EN EL CASO DE LA ELECCIÓN POPULAR DE CANDIDATOS AL CPCCS.

Otro de los elementos, pero no por ello menos importante, radica en la determinación de la naturaleza de la omisión constitucional. Desde la doctrina se ha aceptado la existencia de una omisión absoluta y otra relativa.

En este sentido se habla de omisión absoluta cuando existe un incumplimiento en todas las partes de la disposición constitucional, una vez verificados los estándares de existencia de la omisión; esto, es si la entidad estatal ha incumplido los plazos, la obligación clara y concreta.  Por el contrario, nos encontramos ante una omisión relativa cuando habiendo una regulación normativa se omiten elementos indispensables para desarrollar el texto constitucional.

Sin embargo, la Corte Constitucional ecuatoriana ha sido clara en determinar que, en un mismo hecho no pueden existir a la vez una omisión absoluta y relativa. Así la sentencia No.001-13-SIO-CC menciona que:

En el caso de omisión relativa, parcial o material, destinada al control de las normas ” … cuando existiendo regulación se omiten elementos normativos constitucionalmente relevantes … “, no es la inacción del obligado lo que requiere ser analizado, sino más bien el resultado de su actuación positiva. Bien señala Morón al decir que en estos casos “[e]l objeto de impugnación no es el silencio de esa ley, sino la ley misma, solo que el motivo impugnatorio ya no es lo que dice, sino lo que no dice porque con ello ha vulnerado la Constitución”18. Por ende, para declarar la omisión relativa será necesario que la Corte realice un análisis material de la norma que debería haber desarrollado el mandato, con el fm de determinar si su regulación es insuficiente para cumplir a plenitud con la voluntad del constituyente. La distinción en el tipo de inacción o abstención lleva a concluir en que, respecto de un mismo mandato establecido en la Constitución, no es posible que en la práctica concurran al mismo tiempo una omisión absoluta y una relativa. En el caso bajo análisis, no podría a la vez consentirse en que no se ha promulgado una norma que desarrolle la Disposición Transitoria Vigésimo Primera de la Constitución de la República, mientras se sostiene que sí se ha promulgado, pero sin cumplir completamente con lo prescrito por la Carta Constitucional.” (el resaltado me pertenece)

En el caso de la demanda por omisión constitucional presentada por Benalcázar, se identifican dos omisiones constitucionales: i) por un lado la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio inicio al proceso electoral para la elección de los miembros del Consejo ii) la omisión de la Asamblea Nacional de desarrollar una normativa que viabilice un referéndum constitucional que determine la continuidad o no del Consejo y su potestad nominadora.

En esta perspectiva, acogiendo los estándares de la Corte Constitucional del Ecuador para la omisión constitucional, nos encontramos con lo siguiente:

a) La primera omisión constitucional radica sobre una resolución emitida por el CNE para la apertura del proceso de elección popular de los miembros del CPCCS; es decir, nos encontramos ante un acto normativo, desarrollado pero incompleto, a decir del accionante, esta primera omisión sería de carácter relativo por cuanto no se apela a la falta de norma sino a una norma que no contiene lo que el peticionario considera debería contener.

b).- La segunda omisión constitucional hace referencia a la no expedición de una norma infra constitucional que haya desarrollado aspectos sobre la continuidad del Consejo, su potestad nominadora e incluso sobre la necesidad de un debate de los postulantes en el proceso electoral; o sea bajo estos parámetros se trataría de una omisión absoluta porque significaría que el órgano legislativo no emitió ningún acto normativo incumpliendo presuntamente un mandato constitucional.

En este contexto en una misma relación circunstancial de los hechos coexisten al mismo tiempo una omisión constitucional absoluta y relativa, lo que en términos  de la propia Corte no es jurídicamente posible, pues de hecho no podría alegarse al mismo tiempo que no se emitió una norma legal que desarrolle una disposición constitucional y que exista una norma que lo desarrolla de forma incompleta, a la vez, lo que abona al argumento de una demanda con una fundamentación inconsistente.

Del análisis realizado se desprende la improcedencia de la demanda de inconstitucionalidad por omisión basada en las siguientes causas:

  • La disposición constitucional contenida en el anexo de la Pregunta No. 3 impone la obligación al Presidente de la República de remitir un proyecto de ley para regular el funcionamiento del Consejo; es decir,  la obligación para iniciar su tratamiento no se encuentra en el Legislativo sino en iniciativa del Ejecutivo, por lo que quien incurriría en omisión constitucional es el Presidente Lenín Moreno Garcés.
  • No existe omisión constitucional por parte del CNE al emitir la correspondiente resolución de inicio del proceso electoral, por cuanto en el Anexo 3 no se estableció obligación clara y concreta y con plazo determinado al organismo electoral.
  • El mandato popular aprobado en las urnas determinó el cambio de modalidad de la designación de los miembros del CPCCS, en ningún momento su eliminación o continuidad, y mucho menos cuestionó su capacidad nominadora, por lo que, la solicitud presentada hace referencia a hechos que no fueron objeto de la consulta, por lo tanto, no hay omisión constitucional de hechos que no fueron consultados al pueblo.
  • No puede existir omisión constitucional absoluta y relativa sobre los mismos hechos, desde el punto de vista constitucional; es decir, no puede alegarse que no hay norma y que a la vez existe de forma incompleta.
  • La presentación de la demanda de inconstitucionalidad por omisión coloca a la nueva Corte Constitucional en una posición incómoda desde el punto de vista jurídico, debido a que el Código de la Democracia determina que el máximo organismo en período electoral es el Consejo Nacional Electoral y que el pronunciamiento de miembros de otra función del Estado u organismo público se entiende como obstrucción al proceso y se sanciona con la destitución de su cargo; es decir, que de pronunciarse la Corte al respecto, su paso sería efímero y solo contribuiría a la desinstitucionalización del Estado Ecuatoriano.

CONCLUSIÓN

Más allá de los argumentos de análisis en el campo jurídico, lo que se hace evidente es la utilización de mecanismos constitucionales para modificar situaciones jurídico constitucionales por “·percepciones” de “sondeos de opinión” sobre la continuidad o no del CPCCS. Sin embargo, fuera cual fuera  la postura personal al respecto, creo que la institucionalidad no debe servir para modificar la voluntad del soberano expresado en las urnas y mucho menos para modificar el texto constitucional  por apreciaciones personales y vulnerando los preceptos constitucionales de reforma para la norma suprema.

La demanda de inconstitucionalidad  por omisión evidencia una intención de cambiar las reglas de un proceso electoral a tan sólo dos semanas de que se efectúe.

La pregunta que siempre quedará en el aire será: ¿Por qué desde el ejercicio profesional y desde la academia no se respaldó la solicitud de control previo de  constitucionalidad de las preguntas conforme establece la ley? ¿ Por qué no se cuestionó el “dictamen ficto” por medio del cual el Presidente de la República llevó a cabo una consulta sin el pronunciamiento previo de la Corte Constitucional? ¿Por qué no se presentaron acciones constitucionales para exigir el control posterior  de constitucionalidad de las preguntas aprobadas por el pueblo en febrero de 2018? ¿Por qué a dos semanas de que se efectúe el proceso electoral se presenta esta acción constitucional?

Preguntas para reflexión, para el debate y que merecen ser respondidas.


[1] Abogado de la República del Ecuador (PUCE)Egresado de Maestría de Investigación en Derecho con Mención en Derecho Constitucional – Universidad Andina Simón Bolívar. Coautor en el Libro Titulado: “Nueve Años de Desarrollo Constitucional” con su ensayo: “Las Garantías Constitucionales en la Carta de Montecristi”. Asamblea Nacional del – Instituto de Pensamiento Político. Ponente en la Tercera  Conferencia sobre el Equilibrio del Mundo, La Habana- Cuba-, 2012.Participante en la Escuela de Invierno: “Constituciones, economía, ecología, globalización”, Universita di Salento- Italia, Enero 2016.

[2] Así los denominó el entonces Presidente de la República, Lucio Gutiérrez (año 2004), a las organizaciones sociales y ciudadanos que de forma individual a colectiva se movilizaron en contra de su gobierno  y plantearon la necesidad de un nuevo pacto político (Constitución) que reforme la institucionalidad del Estado.

[3] Ref. Valle Franco Alex Iván, Inconstitucionalidad por omisión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana. Sentencia No. 001-1L-SIO-CC(caso No. 0005-10-IO), Revista de Derecho, No. 13, UASB-Ecuador / CEN • Quito, 2010.

[4] Ref. Valle Franco Alex Iván, Inconstitucionalidad por omisión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana. Sentencia No. 001-1L-SIO-CC(caso No. 0005-10-IO), Revista de Derecho, No. 13, UASB-Ecuador / CEN • Quito, 2010.

[5] Anexo de la Pregunta No. 3 Referendum 2018, https://www.elcomercio.com/uploads/files/2017/10/03/Anexo%20pregunta%202.pdf

[6] Demanda de Inconstitucionalidad por omisión presentada por el Doctor Juan Carlos Benalcázar.

Publicado por

luisfernandomolina1987

Abogado de la República del Ecuador (PUCE) Egresado de Maestría de Investigación en Derecho con Mención en Derecho Constitucional - Universidad Andina Simón Bolívar. Coautor en el Libro Titulado: “Nueve Años de Desarrollo Constitucional” con su ensayo: “Las Garantías Constitucionales en la Carta de Montecristi”. Asamblea Nacional del - Instituto de Pensamiento Político. Ponente en la Tercera Conferencia sobre el Equilibrio del Mundo, La Habana- Cuba-, 2012. Participante en la Escuela de Invierno: “Constituciones, economía, ecología, globalización”, Universita di Salento- Italia, Enero 2016.

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